A medida que crecen, las ciudades imponen un nuevo medio, edificado sobre paisajes y ecosistemas naturales. Se desbroza el terreno y con frecuencia se hacen cortes o se altera con maquinaria la forma de las colinas; los valles y marismas se llenan de rocas y materiales de desecho, y, por lo general, se extrae agua del subsuelo. Su desarrollo no sólo transforma las zonas que urbaniza, sino también otras mucho mayores, tal y como puede observarse en los cambios que sufre la ecología rural para responder a las necesidades metropolitanas de agua y materias primas, bienes y servicios. Las regiones que las rodean deben satisfacer sus muchas exigencias de materiales de construcción y acumulación de residuos, resultado de la edificación, creación de carreteras, aparcamientos, industrias y otros componentes de la estructura urbana. Gran parte del impacto medioambiental del desarrollo urbano se percibe lejos de allí, al final del valle que ocupa la ciudad, aguas abajo del río que la cruza o en el lugar donde el viento arrastra los humos. Es el resultado del transporte de residuos sólidos, la contaminación de las aguas o la lluvia ácida.
Durante las últimas cinco décadas, una parte considerable de la expansión de las ciudades de América Latina ha tenido lugar sin que se haya dado el necesario desarrollo de sus infraestructuras y servicios básicos, condición esencial para crear un entorno urbano saludable y para que se puedan tratar adecuadamente los desechos sólidos y líquidos. También sin que existiese un marco de planificación y una normativa que limitase en lo posible los costes medioambientales, guiase el crecimiento -alejándolo de los lugares poco adecuados- y protegiese los recursos naturales importantes.
Pocos gobiernos municipales han hecho frente adecuadamente a sus múltiples responsabilidades, entre ellas, la gestión del medio ambiente. Sin embargo, hay alguna excepción importante. Por ejemplo, algunas ciudades como Porto Alegre, en Brasil, facilitan agua corriente a toda la población, recogida de basuras regular y servicios sanitarios suficientes. Además, esta localidad es bien conocida por haber creado un `presupuesto participativo’ que ha reforzado la democracia local y ha proporcionado a los ciudadanos una colaboración más directa en el establecimiento de las prioridades municipales. La esperanza de vida en Porto Alegre es similar a la de las ciudades europeas. Es también una de las poblaciones que más ha aumentado en la región durante los últimos 50 años, lo que demuestra que el crecimiento rápido no implica necesariamente graves problemas medioambientales.
Dentro de esta diversidad, todos los centros urbanos comparten algunas características obvias. Todos combinan las concentraciones de población humana (y sus casas y barrios) con una gama de actividades económicas. Todos ellos tienen un impacto en el medio ambiente local y regional relacionado con su papel de centros de producción (de bienes y servicios) y de consumo. Los problemas medioambientales están influidos en gran medida por la calidad y la capacidad de sus gobiernos. Todos requieren una autoridad que garantice un espacio adecuado para sus habitantes, infraestructuras y servicios (agua corriente canalizada, servicios sanitarios y de alcantarillado, recogida y gestión de basuras, caminos y calles, suministro eléctrico, colegios y centros de salud). La tarea de garantizar un medio ambiente de buena calidad resulta más compleja a medida que la población es mayor y crecen la escala y el ámbito de sus movimientos diarios y la proporción de su producción industrial. Los gobiernos locales también tienen que gestionar el gasto que los habitantes y las empresas hacen de los recursos y los depósitos naturales en donde se acumulan sus desperdicios: deben, por ejemplo, regular el uso de la tierra, proteger las cuencas, establecer límites a la contaminación y a la generación de desechos y residuos y determinar el modo en que éstos se pueden eliminar.
En todas las ciudades, la gestión del medio ambiente es una tarea de gran intensidad política en la medida en que distintos intereses (entre los que se cuentan algunos muy poderosos) compiten para conseguir los emplazamientos más favorables, la propiedad o el uso de los recursos, las infraestructuras y los servicios públicos. Cuando no existe una buena administración, muchos de estos intereses contribuyen a la destrucción o la degradación de recursos fundamentales. En América Latina, la cuestión no es tanto intentar controlar la urbanización o el crecimiento de las ciudades como desarrollar gobiernos locales más eficaces, capaces de manejarlas mejor y de hacerlo de tal modo que pueda justificarse ante los ciudadanos.
Hay cuatro áreas que exigen especial atención: la aplicación de la legislación apropiada (incluida la relacionada con la salud medioambiental, la laboral y el control de la contaminación); la presencia de un suministro de agua adecuado, así como de un servicio de recogida de residuos sólidos y líquidos en todas las casas y barrios; la existencia de eficientes cuidados médicos que no sólo traten los efectos de enfermedades relacionadas con el medio ambiente, sino que apliquen medidas preventivas para limitar su incidencia y severidad, y la integración de la prevención y previsión de desastres en los planes urbanos y en los programas de inversión.
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